¿PAZ TOTAL, PAZ PARCIAL O GUERRA?

¡Paz, paz, paz!

Paz luminosa.

Una vida de armonía sobre una tierra dichosa.

Paz sin fin, paz verdadera.

Paz que al alba se levante y

a la noche no se muera.

Rafael Alberti

Juan Fernando Romero Tobón

Luego de una década del proceso de paz que daría lugar al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (24 de noviembre de 2016)^[1] y de 75 años continuos de guerra, una buena parte de la sociedad colombiana asume nuevamente el compromiso de cambiar ese rostro cotidiano del país. Pretende romper finalmente esa inercia propiciada por la élite que, mediante múltiples artimañas y artilugios (asesinato de Gaitán, cierre del congreso de 1949, dictaduras civiles de Ospina P. y Gómez C., dictadura militar de Rojas Pinilla, el autoritarismo del Frente Nacional, el incumplimiento de los pactos de 1991 y de 2016, la adopción a fondo del modelo neoliberal y paramilitar, entre otras estrategias), ha cerrado todas las puertas a la configuración de un estado social y democrático, incluyente y justo.

No solo es la paz sin armas o sin conflictos, sino esa paz profunda; no solo la escrita como un imperativo en la declaración de Asamblea de la ONU de 1948, en las constituciones de las potencias vencidas de la segunda gran guerra, en el constitucionalismo latinoamericano (Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador y Bolivia) o en ese el mencionado Acuerdo que se incorporó a nuestra Constitución^[2], sino esa paz real que no se limita a la mera ausencia de violencia ni a reconocer la metapreferencia humana por la paz^[3] sino a la potencialidad de superar los conflictos por medios pacíficos^[4] y al acceso real y efectivo a derechos.

Una de las banderas del gobierno que inició su periodo el 7 de agosto de 2022 es la construcción de lo que denominó Paz total^[5], un término que puede suscitar múltiples críticas, entre otras razones por lo ambicioso, pero que tiene sentido frente a la “paz” parcial de Santos C., que fue una manera de continuar con la guerra, y el incumplimiento de los Acuerdos de 2016, propiciado también por quien lo suscribió. En realidad, esa clase de paz, que fue un peldaño, no pudo superar la lógica de la guerra, entre otras razones porque se mantuvo en lo superficial de las causas del conflicto. La paz total deberá ser, entonces, una paz que involucre esa guerra declarada tácita y sorda contra los derechos sociales que no ha cesado desde hace más de un siglo y que se pretende mitigar con los recientes proyectos presentados a consideración del Congreso de la República.

Pero además de la férrea resistencia que la élite ha desplegado contras las reformas sociales (salud, laboral y pensional) con todos los alfiles del neoliberalismo (encarnizadas damas-diría Borges) para que todo cambie y quede igual según la célebre frase de Lampedusa, el gobierno de Duque M. (2018-2022) había hecho su trabajo para perpetuar la guerra. No solo actuó sistemáticamente en contra del Acuerdo de paz con la FARC EP y propició entrampamientos sino que, además, logró aprobar una reforma constitucional^[6], con la que se pretende evitar cualquier negociación que se adelante. El artilugio consistió en considerar que “en ningún caso el delito de secuestro, ni los delitos relacionados con la fabricación, el tráfico o el porte de estupefacientes, serán considerados como delitos políticos o como conductas conexas a estos, ni como dirigidas a promover, facilitar, apoyar, financiar, u ocultar cualquier delito que atente contra el régimen constitucional y legal. Por lo tanto, no podrá existir respecto de ellos, amnistía o indulto”, aclarando que tal disposición no tendría un carácter retroactivo. Esa norma resulta ser una barrera para el actual proceso y puede poner en vilo el desarrollo pleno de la Ley 2272 de 2022^[7]. Contra toda evidencia histórica, la élite ha hecho todo lo posible por eliminar el delito político^[8], haciéndose eco de la fragilidad argumental propia de uno de los magistrados ponentes de la sentencia C-465 de 1997, acostumbrado a afirmaciones tautológicas, baladíes y candorosas como aquella de la apertura democrática colombiana, dejando de lado los evidentes rasgos autoritarios del país, escritos y no.

Ahora, también de nuevo, un conciliábulo de terratenientes con sus paraejércitos, capitalistas de diferentes sectores y pelambres, los medios (fines) de comunicación, las legiones de Tradición, Familia y Propiedad, los caballeros de la virgen, el Opus dei, sección Colombia, y hasta algunas religiones, se ciernen en contra de este nuevo proceso. Inoculan diariamente un veneno para frustrarlo y atacarlo y han encontrado eco en franjas de población y en instituciones del Estado como la Fiscalía General de la Nación. Nuevamente se llama a hacer trizas el proceso y los papeles que surgen de él como lo dijera el presidente honorario del Centro Democrático. Obviamente habla a través suyo esa rancia casta oligárquica para la que nada puede cambiar y, por ello, sus corifeos tienen sembradas sus esperanzas en las próximas elecciones en donde aspiran llevar a cabo de nuevo su agenda destructora.

Lo que queda claro es que, más allá de esa oposición visceral que se ha alimentado de la guerra, existe una posibilidad de cambio que debe tomar en cuenta las enseñanzas del proceso de paz anterior. Por una parte, es importante allanar el camino constitucional que avale la mencionada Ley 2272, se recomponga el delito político (a través de la derogación del límite planteado en el A.L. 2 de 2019), y se consoliden las reformas sociales que en un futuro se adopten si ellas en verdad materializan una aspiración de justicia y cambio social real. El espacio para la paz total es una conducta y prácticas rutinarias y no sólo un discurso: una paz con justicia social y no una paz de los sepulcros que signifique la entrega de las reivindicaciones más sentidas del pueblo colombiano y de la soberanía del país a favor de la rapiña de las multinacionales y, en consecuencia, el acceso a derechos sociales fundamentales de buena calidad es un elemento básico para ese objetivo. A diferencia del proceso llevado a cabo por Santos C., quien acentuó el neoliberalismo a través de una incoherente y regresiva política económica, fiscal y social que preserva el sistema de desigualdad en uno de los países más desiguales del mundo, la paz total implica justicia social.

De otra parte, es importante ganar espacios para la paz, tanto en instancias de la sociedad civil como las propias entidades gubernamentales que deben articularse decididamente en ese proceso buscando esa hegemonía gramsciana. No solo se trata de ambientarlo sino de comprender la legitimidad del mismo y de las razones que llevaron al conflicto, reconociendo el carácter de actor político de las guerrillas que aún subsisten. En este sentido, es importante aclarar que quienes iniciaron, propiciaron, han agenciado esta guerra y la han desbordado ha sido la casta oligárquica que cambia de nombres, pero no de apellidos. Ella se ha autoamnistiado desde 1957 no obstante su responsabilidad en el conflicto se ha mantenido en la impunidad histórica y concreta. Dentro de la recapitulación, fue un aspecto que quedó difuso en el Acuerdo de Paz de 2016 y se mantuvo en ese ámbito con el informe de la Comisión de la Verdad, una verdad a medias^[9]. La historia reciente muestra además que el actor más violento del conflicto es el binomio paramilitarismo-fuerzas del Estado responsable de casi el 66% de muertes^[10].

Adicionalmente, el proceso debe garantizar una continuidad, como una política estatal, evitar, al máximo, situaciones como la ocurrida con el gobierno de Duque M, y mantener el acompañamiento internacional. En cuanto a la primero, es preciso refrendar un mandato de paz más allá de quien llegue a la presidencia en 2026 como una política estatal y un derecho y deber constitucional. Respecto de lo segundo, además del apoyo de la ONU, es trascendental el seguimiento de gobiernos como el de Venezuela y Cuba que implica, además, recomponer el proceso de integración latinoamericana, en contra de la ofensiva de la derecha latinoamericana a la que se asociaron Santos C., Uribe y Duque M. La paz total también es una paz latinoamericana.

Corresponde, entonces, vencer con la fuerza del argumento en todos los espacios, entre ellos el constitucional, a los ditirambos de la guerra y restablecer ese camino de la paz. No otra inteligencia tiene la incumplida constitución de 1991, el Acuerdo Final de 2016 y la comprensión del estado social de derecho.

Juan Fernando Romero Tobón

Semillero de Investigación CC Justicia Constitucional y Constitucional

1. Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera, de 24.11.2016, Bogotá, Desde Abajo, 2017. ↑

2. A.L 2 de 2017, Diario Oficial 50.230 de 11 de mayo de 2017. ↑

3. Bernd Marquardt, Ius Contra bellum, Grupo editorial Ibáñez, Bogotá, 2017, págs. 3 a 11; Mariela Sánchez Cardona, "Paradigmas de paz y posconflicto en Colombia", en Marquardt, Paz a través del derecho y de la constitución (anuario VI de CC - Constitucionalismo Comparado). ↑

4. Ver Mariela Sánchez Cardona, Encrucijadas del derecho humano a la Paz, Grupo editorial Ibáñez, Bogotá, 2022. ↑

5. Artículo 2, literal b, de la Ley 2272 de 2022. Diario Oficial 52208 de 4 de noviembre de 2022. ↑

6. Acto Legislativo 2 de 2019, DO 51.011 de 15 de julio de 2019. ↑

7. De hecho, a 15 de marzo de 2023, las hordas del Centro Democrático ya presentaron sendas demandas ante la Corte Constitucional contra esa norma (D-15040, D-15090, D-15099, D-15104, D-15110, D-15122 y D-15169). ↑

8. Por ejemplo la declaratoria de inexequibilidad del artículo 127 del antiguo Código Penal, de exclusión de pena en combate, “Los rebeldes o sediciosos no quedarán sujetos a pena por los hechos punibles cometidos en combate, siempre que no constituyan actos de ferocidad, barbarie o terrorismo", Corte Constitucional, sent. C-465 de 1997, MPs Jorge Arango & Eduardo Cifuentes. Para revisar este tema ver Iván Orozco Abad, Combatientes, rebeldes y terroristas, Editorial Temis IEPRI, Bogotá, 1992. ↑

9. En cuanto a esta discusión, ver Paco Gómez Nadal, “Hay que aceptar que la verdad puede ser dolorosa”, Le Monde Diplomatique, n° 229, febrero de 2023, pág. 11 y Francisco de Roux, “El informe de la CEV no es la Verdad final sobre el conflicto, ib., págs. 9 y 10. ↑

10. Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡Basta ya! Colombia, Memorias de guerra y dignidad, Bogotá, Imprenta Nacional, 2013, pág. 36. ↑